El 22 de octubre, el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó otro ataque aéreo contra una embarcación presuntamente dedicada al narcotráfico, esta vez en aguas del Pacífico, cerca de Suramérica. Este ataque, que ocurrió el 21 de octubre, resultó en la muerte de dos personas, marcando un aumento en la agresividad con que el ejército estadounidense ha escalado sus operaciones en la región. Hegseth declaró que la embarcación estaba involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos y que había sido identificada por la inteligencia estadounidense como un blanco legítimo en sus esfuerzos por combatir el tráfico de drogas.
Este ataque representa el octavo incidente similar desde que la administración Trump anunció, el 19 de agosto, un despliegue naval en el Caribe, como parte de sus estrategias para frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. En un breve video publicado por Hegseth en su cuenta de la plataforma X, se puede observar la explosión de la embarcación, llenando el mar de llamas después de haber sido alcanzada. El uso de este material visual pretende reforzar la narrativa de la administración sobre la lucha contra el narcotráfico, pero también ha suscitado preocupaciones sobre la legalidad de tales operaciones y el número creciente de bajas civiles en la región.
Hegseth no escatimó en comparar a los narcotraficantes con terroristas, afirmando que «los cárteles están librando una guerra contra nuestra frontera y nuestra gente», y estableciendo un paralelismo inquietante con el grupo terrorista Al Qaeda. Estas declaraciones no solo reflejan la retórica bélica de la administración, sino también un intento claro de justificar acciones militares que resultan en muertes, elevando la tensión entre Estados Unidos y gobiernos latinoamericanos, especialmente el de Colombia, bajo el liderazgo de Gustavo Petro.
La administración de Trump ha apuntado directamente hacia el gobierno de Nicolás Maduro, acusándolo de estar vinculado con el llamado Cartel de los Soles. Sin embargo, estas acusaciones han sido desmentidas por Caracas, intensificando el cruce de declaraciones entre ambas naciones. Las tensiones entre EE. UU. y Colombia también se han agudizado, después de que Petro criticara los ataques aéreos estadounidenses, alegando que han resultado en la muerte de civiles inocentes, lo que ha llevado a un intercambio de insultos e imputaciones entre los líderes de ambos países.
Además de la controversia en torno a la legitimidad de los ataques, surge la pregunta de por qué la administración estadounidense no ha procesado penalmente a sobrevivientes de tales embestidas. Recientemente, dos hombres de nacionalidad ecuatoriana y colombiana fueron devueltos a sus países después de sobrevivir a un ataque anterior. Esto sugiere serias dudas sobre el enfoque que está tomando Washington en su lucha contra el narcotráfico y cómo estas operaciones pueden estar afectando a personas que podrían ser meros recolectores atrapados en un conflicto más grande.