La reciente intervención del ministro de Economía, Álvaro García, en el Encuentro Regional de la Empresa (Erede) subrayó una creciente inquietud entre los trabajadores del sector pesquero en Biobío. El anuncio de un Plan Nacional de Jurel generó desconcierto, dado que los dirigentes del sector no contaban con información previa al respecto, lo que señala una preocupante desconexión del gobierno respecto a la realidad de quienes aportan significativamente a la industria. Biobío, conocido como la «Capital Mundial del Jurel», se siente ignorado ante un anuncio que, según los trabajadores, no aborda sus verdaderas necesidades e inquietudes sobre la Ley de Pesca actualmente en discusión.

Juana Silva, presidenta de FESIP Biobío, manifestó su descontento tras las declaraciones del ministro, enfatizando que durante su breve intervención de 15 minutos, sólo dedicó 25 segundos al sector pesquero. En lugar de dirigirse a las preocupaciones del gremio sobre la nueva Ley de Pesca, García priorizó temas como el Plan de Fortalecimiento Industrial, el acero y la economía circular. Esto despertó más dudas que respuestas entre los trabajadores del jurel, quienes sienten que sus voces están siendo eclipsadas por otras prioridades del gobierno.

Además, Silva acusó al ministro de faltar a la verdad al afirmar que el empleo asalariado había crecido en la región de Biobío. A su juicio, el posible avance de la nueva Ley de Pesca, con mecanismos de subastas que ya han perjudicado al sector en el pasado, podría llevar a una reducción considerable del empleo formal y de calidad conseguido a través de años de lucha sindical. «Es una burla», expresó, resaltando la frustración y el desencanto que siente el sector ante las políticas públicas que afectan su fuente de trabajo.

La situación se torna aún más crítica considerando que los trabajadores piden una resolución clara y contundente de parte del ministro y de los parlamentarios de la región. Silva hizo un nuevo llamado a estos representantes políticos, resaltando que la incertidumbre generada por la falta de un diálogo abierto y transparente ahuyenta la inversión y pone en peligro la estabilidad laboral de miles de familias que dependen de la pesca industrial. La falta de atención a sus demandas podría tener repercusiones severas en la comunidad, que ha trabajado arduamente para establecerse como líder en la producción de jurel a nivel mundial.

La posición del gobierno sobre la Ley de Pesca ha sido contraria a las expectativas del sector industrial, lo que genera críticas sobre el enfoque de la normativa que, según afirman los trabajadores, podría otorgar más recursos a la pesca artesanal a expensas de su propia viabilidad. Con el clamor de un sector que contribuye significativamente a la economía regional, el desafío para el gobierno radica en crear políticas que equilibren los intereses de todos los actores involucrados, garantizando no solo la existencia de la actividad pesquera, sino también el bienestar de los trabajadores que dependen de ella.